La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado recientemente (08-mar-17) un estudio sobre la calidad de la política regulatoria en América Latina, tomando como muestra a 7 países de la región: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú.

Son 3 los ejes bajo los cuales se estudia dicha calidad regulatoria:

1. Participación y compromiso de los stakeholders (stakeholder engagment)
2. Análisis ex ante de impacto regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés)
3. Análisis ex post con foco en la simplificación administrativa

Para ello, la OCDE elaboró un cuestionario (a diciembre 2015), que fue respondido por las instituciones responsables de la regulación en los gobiernos de cada país. Cabe precisar que el estudio se limita a las regulaciones de carácter nacional (i.e. regulaciones emitidas por los gobiernos centrales) y solo cubre la regulación emitida por el Poder Ejecutivo mas no por el Legislativo.

El estudio pasa revista a las tendencias generales a nivel de América Latina (AL), a la vez que en el anexo muestra los resultados de los ejes para cada país.

Veremos que los resultados muestran que Perú se halla por debajo de sus pares en AL (al 2015) y muy por de lejos de los países de la OCDE (al 2014).

Tendencias generales y marco institucional para la calidad regulatoria

Los países de AL han empezado a adoptar un aproximamiento holístico del gobierno a la política regulatoria, cubriendo un amplio rango de disciplinas regulatorias en línea con los países de la OCDE.

Por ejemplo, los países cubiertos han publicado uno o más documentos públicos que explican los principios de sus políticas regulatorias, las que frecuentemente están ligadas a sus respectivos planes nacionales de desarrollo.

El principal foco es reducir los costos regulatorios y simplificar los procedimientos administrativos para los ciudadanos y empresas.

Además, un específico Ministerio o institución de alto rango ha sido asignado con responsabilidades para promover las reformas regulatorias.

La mayoría de países han adoptado procedimientos estándar para el desarrollo de leyes y regulaciones subordinadas. Sin embargo, su uso parece estar más enfocado en las regulaciones subordinadas (a las leyes). Esto sucede igualmente en los países de la OCDE, donde la legislación parlamentaria ha estado por lejos menos comprometida que el Ejecutivo en mejorar la calidad regulatoria.

Aunque no existe un modelo institucional ideal aplicable a todos los países, debido a que cada país tiene su propia cultura administrativa y legal, es esencial que los roles de cada institución estén claramente definidos, y cubiertas las funciones clave para la política regulatoria. En este sentido, la función de supervisión es un pilar central de un sólido marco regulatorio. Sin embargo, la mayor parte de AL aún carece de una supervisión institucional en sus procesos regulatorios, v.g. revisando la calidad del impacto regulatorio.

En muchos países de AL, el panorama institucional para las políticas regulatorias tiende a estar fragmentado con responsabilidades dispersas entre diferentes portafolios. Por ejemplo en Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lidera los esfuerzos para implementar el análisis ex ante y ex post de la regulación, mientras que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es responsable por la simplificación administrativa y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) está a cargo del análisis constitucional y legal de las regulaciones.

Stakeholder engagment

Recopilar insumos y opiniones desde las diferentes perspectivas a través de un proceso de consultas ayuda a evidenciar potenciales trade-offs e identificar alternativas viables.

Los países en AL están en diferentes estadios en la adopción de buenas prácticas para involucrar a las diferentes partes cuando se implementa una regulación, siendo México y Brasil los que tienen los sistemas de consulta más avanzados, y Perú el menos desarrollado.

Para esto, se establece un indicador compuesto de 4 categorías:

• Adopción sistemática: registra requerimientos formales y cómo se conducen en la práctica
• Metodología: métodos usados para involucrar a los stakeholders
• Supervisión y control de calidad: registra el rol de los órganos de supervisión y evaluaciones públicas de los sistemas de consulta
• Transparencia: registra información relacionada a los principios de gobierno abierto

Las consultas usualmente toman lugar cuando la decisión de regular ha sido ya tomada. En algunos casos, las consultas recién se dan cuando se han publicado los proyectos de regulación como es el caso de Perú, donde ocurre semanas antes de que el proyecto sea aprobado y cobre vigencia.

Por otra parte, la mayor parte de países de AL aún no hacen uso de una web que centralice todos los procesos de consulta pública. De los países estudiados, sólo México lo hace a través de COFEMER, mientras que Costa Rica lo está implementando con SICOPRE y Colombia con SUCOP.

Las agendas regulatorias no son de uso común en AL. De los países estudiados, hasta el 2015 México era el único país que publicaba online la lista de regulaciones subordinadas a ser elaboradas, modificadas, reformadas o revocadas en los próximos 6 meses.

Mecanismos de retroalimentación (feedback) para divulgar cómo y por qué los comentarios de los stakeholders han sido tomados en consideración no son comunes en AL.

Análisis ex ante de impacto regulatorio (RIA)

El RIA ayuda a las autoridades a identificar el aproximamiento más eficiente y efectivo antes de que la decisión regulatoria sea tomada.

La mayoría de los países de AL aun no hacen uso sistemático del RIA para informar del desarrollo de las regulaciones subordinadas. De los países estudiados, sólo México lo hace. En contraposición, casi todos los países de la OCDE lo usan.

Mientras la metodología del RIA y su implementación varían entre países, ciertos aspectos clave aseguran su efectividad.

El RIA típicamente sigue una estructura común, incluyendo la definición del problema, identificación de las opciones regulatorias, la colección de datos, la evaluación de las alternativas, la identificación de la opción preferida y provisiones para monitorearla y evaluarla.

Hay que tener cuidado pues existe una tendencia en los países de la OCDE a poner un mayor énfasis en los costos regulatorios antes que en sus beneficios, creando un riesgo de orientarse a la opción del menor costo.

Análisis ex post con foco en la simplificación administrativa

Le avaluación ex post es una herramienta crítica para asegurar que las existentes regulaciones están cumpliendo con su propósito y no generan consecuencias inesperadas.

Si bien los países en AL han invertido en programas de simplificación administrativa, la mayoría de los países aun no explora los beneficios de poner en práctica evaluaciones periódicas ex post de las regulaciones.

Entre los países que destacan tenemos a Colombia, país en el que las Comisiones Reguladoras por requerimiento legal deben revisar los marcos regulatorios existentes cada 3 años. En México, los estándares técnicos deben revisarse cada 5 años. Chile es el único caso de la región que ha establecido una unidad en el Congreso dedicada a revisar las leyes.

Existen diferentes aproximaciones para conducir una evaluación ex post, tales como revisiones programadas de leyes y regulaciones, revistas ad hoc o tratamiento sobre la marcha del stock regulatorio.

Las evaluaciones en profundidad analizan los impactos acumulados de la regulación en determinado sector antes que evaluar regulaciones individuales por separado.