El 02-ago-17, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó el “Manual para la aplicación del análisis de calidad regulatoria”, que alcanza a las normas emitidas por entidades públicas del Poder Ejecutivo (EPPE) – entidades incluidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (2007) – que sean de alcance general y establezcan procedimientos administrativos (con excepción de leyes o normas con rango de ley).

El objetivo de toda la normativa vinculada a dicho Manual es alcanzar la simplificación administrativa.

En este sentido, el presente análisis de calidad regulatoria (ACR) impactaría en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las EPPE.

De esta manera, las EPPE deberán validar sus ACR ante La Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CCR), dependiente de la PCM.

Es decir, en el ámbito de las telecomunicaciones, implicaría la revisión de los TUPA tanto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como de OSIPTEL.

Adicional a este ACR para procedimientos administrativos (PA), recordemos que el 11-ene-17 OSIPTEL publicó el “Proyecto de Lineamientos de Calidad Regulatoria” (ver artículo) que incluía un Manual de Declaración de Calidad Regulatoria (DCR), la cual se emitiría cuando las Resoluciones de OSIPTEL generen costos de cumplimiento, abarcando no sólo las normas procedimentales.

Antecedentes

Dentro de las delegaciones de facultades legislativas (oct-16), el Poder Ejecutivo publicó – junto a una serie de decretos encaminados a simplificar los trámites burocráticos, en línea con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (2013) – un Decreto Legislativo (dic-16) introduciendo el ACR para PA.

Con la finalidad de ordenar la normativa relacionada al PA, mediante Decreto Supremo el Ejecutivo publicó el Texto Único Ordenado (TUO) de la “Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG)” (mar-17).

Posteriormente, la PCM reglamentó la aplicación del ACR para PA (jul-17).

Finalmente, la PCM publicó el Manual de ACR para PA (ago-17).

Manual de ACR

El Manual de divide en 2 secciones.

La primera sección sintetiza y explica con mayor detalle la normativa previa: objetivos, alcance, tipos de normas incluidas, metodología y fases del proceso de ACR.

La segunda sección detalla los principios del ACR, que se analizarán de manera secuencial: (i) legalidad, (ii) necesidad, (iii) efectividad, y (iv) proporcionalidad.

Metodología del ACR

En las disposiciones normativas se establecen obligaciones de información que el administrado debe cumplir al momento de realizar el trámite de algún PA (documentos, declaraciones, informaciones, actuaciones, diligencias y demás requisitos); identificadas las obligaciones de información se procede a la estimación de los costos de las cargas administrativas: (i) de tiempo y (ii) monetarios.

Tipos de normas a ser analizadas

Existen 3 tipos de normas que establecen procedimientos y que deberán ser sometidas a un ACR:

• Stock: Disposiciones normativas vigentes (para las cuales existe un cronograma para su ratificación)
• Ex ante: Proyectos de disposiciones normativas nuevas
• PA validados (3 años): Disposiciones normativas antes del vencimiento de 3 años de ratificadas o emitidas

Fases del proceso de ACR

Son 4 fases secuenciales:

ACR para PA

Las EPPE realizan el ACR ya sea respecto del stock de procedimientos o de los nuevos procedimientos o modificatorias (ex ante).

Para ello, analizan 4 principios (de manera secuencial), cada uno de ellos con su respectivo formato (que figuran en el anexo del Manual):

1. Legalidad: asegurar que las autoridades administrativas a cargo de PA actúan con respeto a la Constitución, la ley y al derecho.
2. Necesidad: asegurar que el PA contribuya al objetivo de la regulación de resolver un problema relevante, así como analizar si existen o no otras mejores alternativas al PA.
3. Efectividad: verificar que cada una de las obligaciones de información exigida es relevante por contribuir de manera efectiva a alcanzar el objetivo del PA, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria.
4. Proporcionalidad: analizar la debida proporción entre el objeto del PA y las obligaciones de información exigidas mediante la determinación y reducción de las cargas administrativas que se genera a los administrados.