En la coyuntura de las elecciones presidenciales en Chile, los operadores de telecomunicaciones, representados tanto por la ASIET como por la GSMA, han propuesto ciertas recomendaciones a los candidatos para priorizar la agenda digital.
La ASIET lo hizo a través de una carta de 3 páginas, donde resaltó el liderazgo chileno en la región con respecto a las telecomunicaciones (penetración de internet 88%, de telefonía móvil 127%, y de TV paga 54%). Sin embargo, sostuvo que Chile ha quedado rezagado en su eficiencia productiva en los últimos 15 años, debido a una economía dependiente de sus recursos naturales y sin poder modificar su estructura productiva, lo que hace urgente la incorporación intensiva de las TIC en los procesos productivos y en los servicios del Estado.
La preocupación de la ASIET se dirigió principalmente al estancamiento de la inversión, en cierta medida como consecuencia de regulaciones que afectan el despliegue de infraestructura y la calidad del servicio. Por tanto, hizo un llamado a retomar los acuerdos de colaboración público-privados que permitió a Chile llegar a donde está hoy.
Por su parte, la GSMA publicó un muy buen sintetizado documento de 11 páginas donde, a manera de “Consenso de Washington” (“el consenso de los operadores telecom”), recomendó su receta a aplicar en cualquier país y lo adoptó al caso chileno. En efecto, sus 5 recomendaciones para la agenda digital chilena (fácilmente extrapolables a cualquier país) fueron las siguientes:
- Eliminar las restricciones al despliegue de infraestructura
- Homologar la regulación de los operadores telecom y los over the top (OTT), a través de una reducción de la carga regulatoria
- Incentivar la competencia en calidad centrada en la transparencia y publicidad de la información, a fin de empoderar al usuario
- Optimizar el uso del espectro
- Marco institucional convergente para el ecosistema digital
Sobre los puntos que mencionaron sobre el caso chileno, destaca sobre todo el diagnóstico en algunos casos puntuales, ya que las recomendaciones fueron de carácter más genérico.
- Infraestructura
La ley para la instalación de antenas y el proyecto de ley para el retiro de cables en desuso restringen el despliegue de infraestructura. Las reglas del despliegue de antenas y cables están asociadas a ordenanzas municipales, generando una multiplicidad de normativas no armonizadas: por ejemplo, el costo de la revisión de expedientes de instalación de antenas varía entre 150 UTM a 478 UTM (USD 11 mil y USD 36 mil) dependiendo del municipio.
- Nivelar el campo de juego
Muy similar al caso de los países vecinos: el reglamento de servicios de telecomunicaciones, el reglamento de reclamos de usuarios, el régimen de licenciamiento, las reglas de protección de usuarios y de protección de datos personales, así como el grueso de la carga tributaria aplican únicamente para los operadores telecom pero no para los OTT.
- Competencia en calidad
Chile está discutiendo la modificación a la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a internet, y otro proyecto de ley que hace más rígidas las obligaciones emanadas de la neutralidad de red.
La calidad del servicio está regulada en el reglamento de servicios de telecomunicaciones, donde los operadores deben informar a Subtel acerca de unos indicadores de parámetros mínimos de calidad. Según la GSMA, parámetros absolutos de calidad que no se adaptan a las condiciones particulares del lugar, tiempo y espacio pueden convertirse en obsoletos.
- Optimizar espectro
En Chile, el servicio que puede ser prestado depende del título habilitante. La utilización del espectro se ve sujeta a procesos de autorización complicados (v.g. períodos superiores a 6 meses para obtener la autorización para construir una torre).
La GSMA recomienda migrar a un marco de concesiones únicas, sin distinguir si los servicios son mayoristas o finales. Además, promover el mercado secundario de espectro, así como publicar una política nacional de espectro de mediano y largo plazo, con miras a las redes 5G, el internet de las cosas (IoT) y el internet industrial (IIoT).
- Marco institucional convergente
Subtel se encarga al mismo tiempo de la política pública y la regulación de las telecomunicaciones. Además, Subtel depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde el sector de transportes domina la agenda. Por tanto, Subtel no cuenta con la estructura, empoderamiento e independencia adecuadas para coordinar con distintas unidades del Poder Ejecutivo. Es necesario un marco institucional que permita materializar políticas públicas transversales. Así, la GSMA propone elevar la jerarquía de Subtel (v.g. crear un Ministerio de las TIC).
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